Las economías modernas se basan en gran parte sobre las deudas a corto o largo plazo que contraen los particulares, las empresas y el Estado. Sólo las transacciones de menor cuantía suelen pagarse en efectivo pues para casi todas las demás se emplean diversas formas de crédito. Las deudas, por lo general, quedan legalmente registradas mediante el uso de instrumentos mercantiles específicos: pagarés, letras de cambio, bonos, etc.
Deuda que contrae el gobierno de un país. En ella normalmente se incluyen no sólo los préstamos tomados por el gobierno central sino también los que contraen organismos regionales o municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno nacional. La deuda pública suele dividirse en deuda a corto y a largo plazo, así como en deuda pública interna, contraída ante acreedores del país, y deuda pública externa, contraída ante prestamistas del extranjero.
Es una práctica ampliamente extendida en el mundo moderno que los Estados gasten, en cada ejercicio, más dinero que el que recaudan, debido a los compromisos políticos y sociales que asumen. Las políticas keynesianas, por otra parte, que preconizaron presupuestos deficitarios como medio para activar el crecimiento económico, han contribuido también grandemente al endeudamiento de los Estados modernos.
Debido al peso de la deuda contraída con anterioridad es frecuente que, entre los gastos del Estado, aparezca una considerable partida dedicada al pago de los intereses y del capital de la deuda asumida. La inelasticidad de variados gastos fiscales y la imposibilidad de aumentar la presión tributaria más allá de cierto punto, suelen llevar a un círculo de creciente endeudamiento, puesto que a los gobiernos les resulta imposible hacer frente a tales compromisos y a los gastos corrientes por medio de los ingresos ordinarios que perciben.
Los gobiernos buscan por lo general consolidar las deudas a corto plazo convirtiéndolas en deudas de largo plazo, más fáciles de gerenciar, pero, en todo caso, cuando la deuda interna total sobrepasa cierto nivel, se recurre muchas veces a emisiones suplementarias de moneda nacional con el objeto de atender estos compromisos. Ello causa, indudablemente, una presión de tipo inflacionario, puesto que las nuevas emisiones se producen sin un respaldo en divisas o en bienes producidos por el país. En el caso de las deudas externas, que deben pagarse en dólares o en otras divisas, resulta imposible recurrir -salvo para los Estados Unidos, por supuesto- a este conocido expediente. Por tal razón los países Latinoamericanos -y de otras partes del mundo- que acumularon en las últimas décadas crecientes saldos negativos en sus transacciones externas, se vieron obligados a realizar profundos ajustes en sus economías a partir de los últimos años de la década de los ochenta.
Deuda interna" es una parte de la "deuda pública". La "deuda pública", en general, es la plata que el Estado costarricense debe. O sea, la suma de empréstitos o préstamos que debe (interna o externamente). El Estado pide plata prestada de distintas maneras. Algunas veces lo hace a través de instrumentos formales, con bancos o entidades internacionales o extranjeras, blandas o comerciales. Otras veces emite bonos o valores, que coloca en diversos mercados.
En la década de los años setenta, nuestro Estado se abusó con la deuda externa. En diversas administraciones se endeudó a más no poder (petrodólares, banca comercial y mil cuestiones más). A finales de dicho decenio el endeudamiento se hizo por la vía anormal del Banco Central, de modo que no se conocía la operación en la Asamblea Legislativa.
En los noventas, en cambio, la moda ha sido la "deuda interna", compuesta por infinidad de colocaciones en el mercado interno, en forma de bonos o valores que "reciben" los bancos comerciales del Estado y que "aceptan" las instituciones públicas.
Nuestro Estado, en vez de entrar en razón y determinar qué puede hacer. Se ha encaprichado en hacer de todo. Para seguir en tal loco afán, ha tenido que endeudarse hasta las futuras generaciones.
De tal modo, más de una tercera parte del presupuesto nacional se dedica al "servicio de la deuda". No obstante, prácticamente un 40% del presupuesto se financia con nueva deuda. Es como si una culebra se empezara a comer ella misma por la cola.
El asunto es que hace como cuatro años hubo una campaña nacional para combatir la dichosa deuda interna. Se habló de controlar el gasto público, de hacer ingeniería financiera (dolarizar la deuda para que bajaran un tanto los intereses) y de ordenar la casa, para luego honrar las obligaciones (impuestos y venta de activos). El hecho es que no hemos avanzado nada significativo. Lo que se ha hecho es rebalancear la deuda pública aumentando la externa (una especie de dolarización). A final de cuentas seguimos gastando desordenadamente, endeudándonos y sacrificando el presupuesto en el servicio de la deuda.
Ahora el Presidente de la República vuelve al supuesto dilema de antes: "se aumenta la carga tributaria o hay venta de activos".
Sin embargo, hay que recordar que la deuda pública (interna y externa) tiene un origen: el déficit presupuestario. La causa es un déficit fiscal (Estado=Fisco). Si nuestro Estado no entra en razón, todo se hundirá. Absolutamente todo. Las instituciones públicas, los mercados financieros, los fondos de pensiones, la infraestructura, los servicios y nuestra sociedad en general. No seremos los primeros a quienes les pasa tal tragedia. La historia está llena de ejemplos. Lástima que parece que el ser humano no escarmienta en cabeza ajena.
Aquella contraída con entidades o personas del exterior y que generalmente está denominada en moneda extranjera. Los pagos por capital e intereses de las deudas externas implican una salida de divisas y un aumento de la cuenta de los egresos de la balanza de pagos. Se contraen deudas externas cuando se financian importaciones, cuando los gobiernos contraen compromisos con bancos, organismos internacionales u otros gobiernos, y cuando las empresas -públicas o privadas- solicitan préstamos para realizar inversiones o para otras necesidades. En este último caso es frecuente que las empresas cuenten con un aval gubernamental que garantiza la devolución de sus préstamos ante los acreedores.
Muchos países en desarrollo, necesitados de capital, contrajeron grandes deudas externas durante la década de los setenta; cuando a principios de la década de los ochenta aumentaron bruscamente los intereses en el mercado mundial se produjo -en muchos de ellos- una crisis de pagos, la llamada "crisis de la deuda". Los grandes compromisos contraídos obligaron a medidas de saneamiento fiscal, pues gran parte de la deuda la habían contraído los gobiernos y las empresas públicas, aplicándose los fondos a proyectos de escasa rentabilidad o muy larga maduración. Hacia mediados de esa década se comenzaron a aplicar diversos mecanismos para reestructurar la cuantiosa deuda existente y buscar formas de garantizar su pago.
Llámase así a la parte de la deuda pública contraída a muy corto plazo mediante bonos y letras del tesoro, y que se va renovando continuamente. La deuda flotante está en general en manos de los bancos e inversionistas nacionales o extranjeros. Los compromisos contraídos a corto plazo presionan a los gobiernos a emitir nuevos títulos, generando así un círculo de endeudamiento que, cuando no existen ingresos de la misma magnitud, lleva normalmente a la emisión de moneda inorgánica y, por ende, a la inflación.
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